Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, ha presentado el Informe Anual 2021, donde ha destacado las cuestiones relacionadas con la atención sanitaria derivadas de la pandemia, con más de 1.000 quejas y otras 1.000 consultas, lo que supone un 35% más que en 2020, y los servicios de interés general, recalcando los energéticos, como las preocupaciones que más crecieron en 2021.
Junto a estas cuestiones, Maeztu también ha hecho hincapié en los problemas relacionados con la brecha digital en la relación con las administraciones públicas; los asuntos de medio ambiente, movilidad y urbanismo; y la necesidad de atención e información a la ciudadanía.
En total, la institución que dirige Maeztu atendió en 2021 a más de 30.000 personas, lo que motivó más de 28.000 actuaciones. De estas, 8.873 fueron escritos de queja nuevos y 61 quejas de oficio, lo que supuso 8.934 quejas iniciadas el pasado año, a las que se sumaron las pendientes de años anteriores hasta alcanzar las 13.092 quejas tramitadas.
Además, un total de 354 fueron gestionadas por la vía de la mediación, un volumen que se ha multiplicado por seis en los últimos cinco años. La ciudadanía presentó también 14.924 consultas, a las que el Defensor ha prestado escucha y asesoramiento.
De este modo, en cuanto al balance del segundo año de pandemia, ha destacado el incremento en las quejas y consultas relacionadas con la atención sanitaria, un 35% más que en 2020, lo que hace encabezar las estadísticas del Defensor en números globales solo superada por servicios sociales (1.000 quejas y 2.300 consultas) y continuada por vivienda, educación, consumo, e infancia y adolescencia, actuaciones que este comisionado parlamentario acomete como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
El incremento en materia de salud responde a que se han duplicado las reclamaciones en cuanto a las cuestiones de salud pública por las medidas anticovid principalmente, según ha explicado Maeztu, y la salud mental, seguido de las deficiencias en la atención pediátrica. Sobre la salud mental, ha puesto de relieve que en 2021 se ha llegado a las 361 peticiones, repartidas entre 275 consultas y 86 quejas, y ha señalado que «hay que seguir visualizándola para atenderla, ponerle recursos, medios y protocolarizarla bien».
El Defensor también ha anotado que la mención especial de su Informe este año la ha dedicado a los colectivos que tratan de mejorar la vida de los pacientes con Covid persistente.
Los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente (transición justa) y la movilidad de la ciudadanía también crecieron en 2021. En tercer lugar, el mayor incremento de quejas nuevas estuvo relacionado con asuntos de ordenación económica y administraciones tributarias, causadas en parte por la brecha digital que afecta a las personas mayores y al mundo rural, lo que el Defensor ha calificado como «apartheid digital».
La necesidad de información y asesoramiento ante las medidas emprendidas por las administraciones públicas también se han incrementado en el ejercicio anual de la Institución. «Quiero que me atiendan ha sido la frase más repetida», ha detallado Maeztu, añadiendo que hay una obsesión en la ciudadanía por no saber dónde ir y qué decir». «La Administración tiene que ser acogedora, de cuidados y humanizada», ha apostillado.
También se mantiene la tendencia en los asuntos relacionados con los servicios de interés general, este año especialmente destacable en cuanto a la energía. En este sentido, tras las reuniones mantenidas el pasado lunes con la Consejería de Presidencia y el martes con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha emitido un pronunciamiento en el que ha reclamado medidas «urgentes» para que se restablezca el suministro de luz en los barrios desfavorecidos.
