“Le damos una segunda oportunidad al segundo gobierno de Azcón”, ha señalado hoy el Grupo Parlamentario Socialista que, de nuevo hoy ha reactivado su Proposición de Ley, registrada el pasado 6 de mayo, tras la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, para su toma en consideración en el Pleno de las Cortes de Aragón de la semana próxima.
La portavoz del Grupo Socialista, Mayte Pérez, ha anunciado la medida hoy, 20 de noviembre, fecha en la que Vox reivindica su logro, la misma fecha en la que se hizo el anuncio de la derogación, una de las escasas medidas tomadas en los primeros 100 días del gobierno de coalición de entonces.
Pérez ha indicado que el señor Azcón “tiene ahora una magnífica oportunidad para homologarse con un PP moderado frente a la dictadura” y este debate “debe servir para que el PP rectifique”. “Pedimos a Azcón que se libere de la influencia de VOX”, ha añadido.
La portavoz socialista también ha recordado que Vox entonces estaba en el gobierno, tenía dos directores generales que abrazaban el franquismo y se sentaba en el Consejo de Gobierno en el que el presidente Azcón y los miembros del PP callaron y accedieron a perpetrar “un acto cobarde, traído con urgencia y sin debate, en un solo acto, y por la puerta de atrás”.
El PSOE se opuso entonces y sigue reivindicando el texto íntegro de la Ley de Memoria porque fue trabajada con numerosas entidades y con la historia como principal argumento, frente a un posicionamiento revanchista y sectario de la bancada de la extrema derecha.
Mayte Pérez ha recordado que la ley dignificaba a todas las víctimas por igual, fueran del bando que fueran o por el que fueran asesinadas, lo que aparece en varios artículos de la ley.
También ha cargado contra el Plan de Concordia del Gobierno de Aragón, “una cuestión cosmética” que no presentaron hasta el pasado verano y en el que no menciona ni una vez el franquismo o la guerra civil, aunque sí a ETA.
La portavoz socialista ha reprochado la falta de respeto a la verdad en todo momento, así como el desprecio a instituciones internacionales como la ONU y sus relatores tras el informe elaborado, así como al Derecho Internacional y las instituciones europeas como el Parlamento que también aprobó en 2019 una Resolución sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa.
