Ante la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de investigar posibles efectos adversos del ‘Nolotil’, la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Mónica García, no ha querido dar su valoración.
Sin embargo, ha recordado que «como todos los medicamentos tiene efectos secundarios», y, concretamente en este fármaco, «en algunos casos, se necesita supervisión y que haya un seguimiento».
Mónica García lo ha hecho en una entrevista a Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, donde también ha apuntado que “siempre que se evalúa y que se introduce cualquier medicamento, esto es así, se manejan los riesgos-beneficios. (…) En el caso del ‘Nolotil’ hay en algunos casos que, básicamente, lo que necesitan es supervisión y que haya un seguimiento».
La ministra de Sanidad ha recordado que desde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo encargado de la regulación, evaluación, autorización y vigilancia de medicamentos y productos sanitarios en España, se realiza una evaluación previa de cada fármaco antes de su autorización «siempre poniendo por encima los beneficios frente a los riesgos».
Por tanto, «no sé si es un tema de fiscalía, lo que sí es un tema de fármacovigilancia, que es lo que hacemos aquí, lo que se lleva haciendo de toda la vida aquí en España y en Europa y en todos los sitios, vigilar cuáles son esos efectos secundarios», ha concluido.
Este jueves se conocía que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado investigar una posible responsabilidad sanitaria por los posibles efectos adversos para la salud derivados del consumo del medicamento ‘Nolotil’.
Lo hace tras recibir la denuncia presentada por el Defensor del Paciente y una vez que se han registrado más denuncias tanto en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid.
Así lo refleja un decreto firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recogido por Europa Press, en el que designa como instructor de estas diligencias preprocesales de investigación al fiscal Manuel Campoy.
En este escrito, Alonso fija que las actuaciones del Ministerio Público en este caso tienen por objeto proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la integridad física con relación al derecho a la protección de la salud, y el derecho de los ciudadanos a ser protegidos contra los riesgos que puedan afectar su salud en su condición de consumidores y usuarios de los servicios sanitarios.
En este contexto, la Fiscalía solicita como primeras diligencias solicitar a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) un informe en el que identifique a las empresas fabricantes de este medicamento, a las importadoras, las comercializadoras y las distribuidoras en España.
También quiere conocer de la AEMPS las autorizaciones otorgadas al medicamento y la comunicación de reacciones adversas. Además, pide que se le informe sobre qué países han decidido retirar ya este medicamento del mercado, y qué diferencias o razones llevan a mantener su comercialización en España.
El fiscal jefe recuerda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es competente «para conocer de todas aquellas actuaciones administrativas que competen, entre otros, a los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional».
Y apunta que esto es lo que sucede «con los posibles procedimientos administrativos que pudieran derivarse de la actuación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en relación al medicamento Nolotil».
