Andalucía estalla por sus servicios públicos. Al regreso de las mareas sanitarias a la calle por la situación de la sanidad pública, el despido de profesionales y las dificultades para conseguir una cita médica, se une el gran descontento de la escuela pública.
Una escuela pública que clama contra el Gobierno de Moreno Bonilla, que después de tres años sigue apostando por una política educativa dirigida al sector privado, a cargo de un consejero, Javier Imbroda, con conocidos intereses en este segmento de negocio.
En plena negociación del Presupuesto andaluz de 2022 y con cantos de sirena que cada vez más entonan el adelanto electoral, el ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos tiene un grave problema en el seno de la escuela pública.
Si justo antes de la pandemia fue convocada una masiva huelga general educativa contra los recortes de la Consejería, y hace poco más de un año eran muchos colectivos de profesores y AMPAS los que reclamaban más y mejores medidas en la vuelta a las aulas tras el confinamiento, ahora nos encontramos con datos que avalan este gran malestar de la comunidad educativa andaluza y evidencian la falta de apuesta por lo público.
Las 239 clases eliminadas en la red de centros públicos contrastan, como en años anteriores, con las cifras de la enseñanza concertada que mantiene prácticamente el mismo número de aulas.
Según datos aportados por el sindicato USTEA, extraídos de la Orden del 5 de noviembre de 2021, la última actualización de este curso escolar desvela un saldo de 239 aulas menos en la escuela pública andaluza.
Es decir, la Junta de Andalucía sigue eliminando aulas de Infantil y Primaria, en colegios, porque aquí no están incluidas ni la educación secundaria ni otros procesos educativos como la Formación Profesional.
Por provincias, Sevilla es la que más sufre el cierre de aulas: 120 este curso y un total de 441 desde que gobierna Moreno Bonilla. Le sigue Cádiz, que ha visto cómo 277 clases se han eliminado. Málaga (-141), Córdoba (-134) y Granada (-116) superan ampliamente la centena y Huelva tiene 74 aulas menos en tres años.
Jaén, con solo cuatro clases menos y Almería, que tiene un saldo positivo de seis clases más, son las únicas provincias en las que los recortes de la Junta no se han notado.
El asunto es más grave cuando se hace una comparativa con la escuela concertada, que mantiene el número de aulas, con financiación de la Junta de Andalucía mientras en la pública no.
Pero también es especialmente llamativo, y así lo expresa el sindicato USTEA, que este cierre de aulas sea tan pronunciado mientras las clases están masificadas de alumnado.
En ese caso, la indignación aumenta cuando se ve la falta de voluntad política de Moreno Bonilla y los partidos del gobierno andaluz que, sin embargo, pusieron en marcha campañas a favor de la “libertad” de elegir un colegio privado o para que se mantuvieran plazas en la concertada.
Hasta tal punto ha sido fuerte la apuesta de Moreno Bonilla por la educación privada que se planteó una medida fiscal dirigida a las familias que pagaban un colegio privado, a los que se reducían impuestos y tenían bonificaciones de IRPF.
Esta eliminación de clases, un recorte educativo en toda regla, conlleva agrupar a más alumnos en las existentes. Y por consiguiente, que las ratios superen los 25 por clase que marca la ley.
USTEA ha denunciado ante la Consejería de Educación que, al menos, 373 unidades escolares y 10.552 alumnos y alumnas tienen ratios ilegales.
El sindicato también expresa que esta eliminación de líneas completas en la educación Infantil y Primaria públicas, junto al mantenimiento de ratios ilegales, supondrá una importante pérdida de puestos de trabajo docente y de recursos en los centros educativos.
USTEA, junto con las asociaciones de madres y padres, ya avisó durante el proceso de escolarización de marzo de que los criterios aplicados por la Consejería producirían fuertes recortes en la educación pública, lo que provocó numerosas protestas y movilizaciones.
Ante esta catarata de malestar de la comunidad educativa, desde la Consejería de Educación se manifiesta que la eliminación de clases responde al descenso de la natalidad. Una respuesta que no concuerda con el hecho que en la educación concertada se mantengan las líneas educativas y las aulas.
Precisamente, este descenso de la natalidad se entiende por expertos en materia educativa como una excelente oportunidad para bajar las ratios en Andalucía, al estar demostrado que esa es una de las medidas que más benefician al rendimiento académico.
Así, desde USTEA se ha recogido esta reivindicación con la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento para modificar, en este sentido, la Ley de Educación de Andalucía. Y también han realizado una denuncia ante la Consejería de Educación por la existencia de ratios ilegales superiores a 25 alumnos por clase.
La situación de los servicios públicos andaluces no vive su mejor momento, siendo un condicionante de importancia para la gestión de Moreno Bonilla. La sanidad vive sus peores momentos en la historia autonómica de Andalucía y la educación va camino de ello. Mientras tanto, los seguros privados se multiplican y la educación privada amplía beneficios al calor de un gobierno andaluz que las impulsa.
