El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que tramita una causa contra el pseudoperiodista Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua, Rubén Sánchez, ha ordenado librar testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS), para que examine unos mensajes difundidos a través de redes sociales por el líder de la formación Se acabó la Fiesta, el europarlamentario, Luis «Alvise» Pérez, que podrían suponer «amenazas y represión a la función jurisdiccional» con relación a la magistrada titular de dicha instancia judicial.
Con términos como «doy 24 horas a la juez para que rectifique el auto de detención de Vito Quiles y diga que es un error y que solo pide averiguar su paradero» o que si no emitía una corrección en torno a la, en un primer momento, petición de esta a la Policía para el arresto de Vito Quiles, publicaría «cosas sobre la definición del término soborno», la magistrada considera que las sentencias que refirió entonces Alvise Pérez podrían haber incurrido en un delito de «amenazas y represión a la función jurisdiccional».
Fue el propio Rubén Sánchez el que recopiló los mensajes lanzados por el líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ (SALF), condenado ya el pasado mes de junio a pagar 7.000 euros a la periodista Ana Pastor por la publicación de dos fotos de ella en sus redes sociales sin interés informativo, y los puso en conocimiento de la togada sevillana, quien, tres meses después de recibirlos, ha decidido remitírselos a la Fiscalía del Supremo para que sean analizados y que, en el caso de encontrar indicios de delito algunos, los fiscales del Alto Tribunal -los únicos capaces de hacerlo por la condición de eurodiputado de Pérez- le denuncien ante la Sala de lo Penal, presidida actualmente por el juez Manuel Marchena.