Hoy se debatía en el Pleno del Parlamento el decreto-ley que aumentará la financiación de la enseñanza privada concertada en 4,5 millones de euros, junto al decreto de rebaja fiscal que elimina el impuesto de patrimonio.
Andalucía sigue el modelo de otras comunidades gobernadas por el PP con el incremento autonómico del modulo de conciertos estatal y el regalo fiscal a las rentas más altas.
La mayoría absoluta del PP valida hoy, en el Pleno del Parlamento, el decreto-ley que prolonga la financiación pública de la limpieza por el covid de los centros educativos concertados.
Esta medida supondrá una financiación extra de 4,5 millones de euros anuales a los centros privados concertados. La partida se suma al presupuesto público destinado a la financiación de la enseñanza privada que en los últimos años no ha dejado de crecer, alcanzando en 2020 los 879 millones de euros, la mayor cuantía en la historia.
La limpieza de los institutos es competencia de la Consejería de Educación, pero son los ayuntamientos los responsables de los colegios y no hay prevista ninguna medida similar para los centros públicos de educación infantil y primaria.
Este decreto-ley supone un aumento de la financiación de los centros concertados de 360 euros anuales por cada unidad escolar de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP y de 520 euros por cada unidad escolar de educación especial.
El curso pasado, ya se aplicó un decreto similar que se amplió en diciembre y cuyas ayudas finalizan este mes y que ha supuesto una financiación extra de 6 millones de euros a la enseñanza privada concertada.
El incremento de la financiación a la enseñanza concertada por encima del módulo estatal se presenta como una disposición extraordinaria relacionada con la pandemia.
Sin embargo, USTEA interpreta que se trata de la introducción disimulada de una medida reclamada por la patronal de la enseñanza concertada y que ya ha aplicado el PP en otras autonomías en las que gobierna, por lo que probablemente se convertirá en un mecanismo de sobre-financiación permanente de la enseñanza concertada.
USTEA considera que el objetivo de este decreto no es otro que es el desvío de fondos públicos a la enseñanza privada con el pretexto de la pandemia.
Hasta 2020, Andalucía era una de las comunidades autónomas que destinaban a los centros concertados el mínimo estatal fijado en los Presupuestos Generales del Estado para el módulo de financiación por unidad escolar, esto es 28.921´10 euros de la partida salarial, 4.058´89 en la partida de gastos variables y 6.355´53 para otros gastos, por cada unidad o clase.
Puesto que la partida de personal depende de los complementos salariales autonómicos, la gran diferencia de financiación de la educación concertada entre comunidades se debe al incremento o no de la financiación autonómica respecto al módulo estatal, en las partidas de gastos variables y otros gastos.
Comunidades como Madrid, Cataluña o Navarra llevan años incrementando con financiación autonómica el modulo estatal, a través del incremento de estas partidas. En Andalucía, los 4´5 millones de financiación extra se contarán en la partida de otros gastos.
En el Pleno del Parlamento, no solo se validará este Decreto-ley, también se convalidará el decreto de rebaja fiscal. Con esta bajada de impuestos, Andalucía dejará de ingresar 360 millones de euros anuales, 900 millones si se suman las anteriores rebajas fiscales, según las previsiones del propio gobierno de la Junta.
USTEA advierte de que si se suma un descenso de los ingresos a un incremento del gasto público en enseñanza privada concertada, la financiación de la Educación Pública andaluza corre un gravísimo riesgo.
Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte por alumno o alumna de todo el Estado (5.442 euros anuales), bastante por debajo de la media estatal (6.230 euros) y solo superado por la cola por la Comunidad de Madrid.
Con la cuantía del regalo fiscal de la Junta a la minoría más rica podrían contratarse 20.000 docentes al año o construir 180 colegios e institutos nuevos.
En los próximos meses tendrá lugar el debate presupuestario y será entonces el momento de comprobar en qué partidas repercute la rebaja de impuestos de Moreno Bonilla a la minoría más rica y el reparto de fondos para educación. USTEA defiende que no permitirá recortes y exigirá el aumento del presupuesto para Educación Pública.
