Denuncia institucional de la Diputación de Zaragoza a la alcaldesa de la capital. En este caso, la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, lamenta la actitud y los incumplimientos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la alcaldesa Natalia Chueca en todo lo referido al último convenio de barrios rurales.
“Decir que la Diputación le debe dinero al Ayuntamiento, cuando es el Ayuntamiento el que le debe dinero a la Diputación, es una afirmación totalmente irresponsable que solo busca generar confusión”, critica Ladrero.
“Han sido demasiadas las oportunidades que la Diputación de Zaragoza le ha dado al Ayuntamiento y han sido demasiados los incumplimientos del Ayuntamiento en el convenio 2021-2021. Hay que recordar que solo han ejecutado un 33% de las nuevas obras que debían hacer en los barrios rurales, por eso no les pagamos los 4 millones de euros de la última anualidad… y aun así nos deben 2,5 millones de euros que tienen en su cuenta corriente y que todavía no han justificado porque las obras no están hechas. Si les hubiéramos pagado todo en vez de 2,5 nos deberían 6,5 millones de euros”, denuncia Ladrero, que también recuerda que el Ayuntamiento no quiso reunirse con la Diputación antes de que venciera el convenio. “No atendieron nuestra insistencia en celebrar una comisión de seguimiento a finales de año para facilitar y prorrogar las actuaciones, nos dejaron plantados”, insiste la vicepresidenta.
“Después de ponerles tantas facilidades, y teniendo en cuenta nos debe los 2,5 millones de euros ya pagados pero no ejecutados, lo justo es que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga el mismo tratamiento que los otros 292 municipios de la provincia de Zaragoza. Todos son iguales y el Ayuntamiento Zaragoza tiene que cumplir sus obligaciones igual que los demás”, sostiene Ladrero.
El último convenio entre la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la capital aragonesa, suscrito para el periodo 2021-2024 por un montante total de 16 millones de euros, expiró el 31 diciembre sin que el Ayuntamiento de Zaragoza accediera a mantener la reunión que la DPZ le solicitó los días 19 y 20 de diciembre.
El convenio tenía dos partes: una para seguir mejorando los equipamientos y las infraestructuras de los barrios rurales y otra, incluida por primera vez, para la coordinación de servicios comunes como los bomberos o el tratamiento de residuos. A cambio de prestar esos servicios a los municipios de la provincia a modo de tarifa plana, el Consistorio zaragozano ingresaría de la DPZ 4 millones de euros.
Por su parte, los 12 millones de euros restantes debían invertirse en los barrios rurales: 3 millones eran para pagar los sobrecostes de los proyectos del convenio 2017-2019 y al menos 9 millones debían ser para obras diferentes de las ya previstas que supusieran nuevas mejoraras en los servicios y los equipamientos de los barrios rurales.
Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Zaragoza el 27 de diciembre, las obras nuevas ejecutadas al término del convenio ascienden a 3 millones de euros, solo un 33% de los 9 millones que debían ejecutarse. Además los fondos destinados a financiar los sobrecostes de las obras del convenio anterior suman 2,5 millones, lo que significa que en total el Consistorio ha gastado 5,5 millones de euros en obras para los barrios rurales y ha ingresado de la DPZ 8 millones de euros para obras en los barrios rurales. Por tanto el Ayuntamiento tiene pendientes de ejecutar 2,5 millones de euros que se dispararían hasta los 6,5 millones si la DPZ le hubiera transferido la última anualidad.
