El Juzgado de Instrucción de Calatayud ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cinco detenidos en el caso del Centro de Acogida de Menores de Ateca, entre los que se encuentran el director y otros cuatro empleados. Se les acusa de posibles delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal infringidos a menores residentes en el centro.
Dos de los detenidos eran educadores del centro y los otros dos auxiliares sin titulación ni cualificación. Los cinco arrestados han pasado esta mañana a disposición judicial para prestar declaración ante la jueza y en estos momentos están siendo trasladados al Centro Penitenciario de Zuera. Además de los cargos anteriormente enunciados, la instructora considera que lo cuatro empleados podrían ser autores de delitos de agresión sexual a una menor.
En los autos dictados, la instructora estima que existen indicios suficientes de criminalidad para poder considerar a los detenidos responsables de los hechos que se le imputan, conclusiones a la que llega teniendo en cuenta las pruebas practicadas a los dos menores denunciantes, un chico y una chica. Estos dos «han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo, de cuya existencia refieren era conocedor uno de los detenidos», en referencia al director.
«Despreocupación absoluta»
Sobre la implicación del director en los hechos, explica la instructora de la causa en su auto, que «ambos menores han declarado que el detenido tuvo, desde su llegada al centro el año pasado, una actitud de despreocupación absoluta acerca de la situación de los menores. Asimismo, los dos han declarado que el responsable del centro «protegía laboralmente a los restantes detenidos, puesto que nunca llevó a cabo correcciones ni sanciones a los mismos, pese a las quejas del personal del centro y sus advertencias, y que llevó a cabo una investigación incompleta y parcial, tras la denuncia de la progenitora de uno de los denunciantes ante los agentes de la autoridad».
Dichas manifestaciones «han sido corroboradas por la psicóloga del centro a las que se une lo declarado por el enfermero del centro, a quien, al parecer el director le pidió que hiciera un informe falso sobre el estado del menor denunciante. Para la instructora, esta actitud del director del centro «supone un manifiesto incumplimiento de sus funciones como garante del cuidado y salvaguarda de los menores desamparados y en situación de riesgo y exclusión familiar y social, como personal de un servicio público». Por ello, la juez considera a Iván R. cooperador necesario, de un posible delito contra la integridad moral.
En cuanto a los otros cuatro detenidos, los dos menores denunciantes han relatado haber sufrido, junto a otros menores, tratos degradantes, físicos y psicológicos de forma constante y retirada en el tiempo por parte de estos cuatro detenidos. En concreto, el menor relata que «le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimento durante días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse; continuando el detenido Mohamed con dichos castigos entre semana, debido a la distribución por turnos entre el personal del centro».
Por su parte, la menor ha declarado que «desde su llegada al centro en el año 2021, la insultaban y le decían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, la agredían injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y, le quemaban cigarrillos en los brazos y en las piernas». La jueza señala que se aprecia que la menor tiene diversas marcas por quemaduras de cigarrillos a lo largo de sus brazos». Además, «a estos episodios de abuso físico se añadían otros de índole psicológica y sexual.
«Barbarie y extrema crueldad»
Para la instructora, todo ello es una clara muestra «de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo, viéndose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos, ya que los ahora detenidos siempre les recriminaban que «nadie les creería» y que «no los querían ni sus familias».
Las declaraciones de las víctimas «han sido corroboradas periféricamente por los informes forenses preliminares obrantes en autos, los cuales reflejan que las lesiones presentadas y que se aprecian en el parte médico de los menores y en las fotografías existentes son compatibles con el mecanismo causal relatado por estos, sin perjuicio de derivar a los mismos a una exploración pericial y psicológica completa en aras de precisar el alcance de las lesiones físicas y psicológicas sufridas».
De forma paralela a los autos dictados sobre los detenidos, la jueza ha decretado el cierre provisional del CAM, centro concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), hasta el total esclarecimiento de los hechos. Para ello, ha dictado ya diligencias de cese de internamiento para cinco de los menores residentes, ceses de internamiento que se podrían hacerse extensivos a otros nueve menores fugados del centro de Ateca.
También la jueza ha solicitado a la Guardia Civil la localización de estos menores y su puesta a disposición judicial para averiguar si han podido ser víctimas de las agresiones y/o abusos que se investigan en esta causa y por si guardan relación con su huida del centro. La investigación judicial comenzó a raíz de las denuncias presentadas por los padres de un adolescente de 16 años de edad y los de una menor de 17 años, ambos internados en el Centro de Menores.
Dentro del marco de la investigación, y como paso previo a la toma de declaraciones a los detenidos esta mañana, la jueza ha llamado a declarar en sede judicial a los dos menores autores de la denuncia contra el centro, a la psicóloga, al enfermero del centro y a dos trabajadoras en baja laboral.
