El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, ha mantenido en Sevilla un encuentro con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y con el presidente de la comunidad de regantes Condado de Huelva, Juan Mato. Entre otros asuntos, durante la reunión se ha analizado la propuesta presentada en el Parlamento de Andalucía por los grupos del Partido Popular, Ciudadanos y VOX, que pretende regularizar más de 1.400 hectáreas fuera de suelo agrícola regable (SAR) no contempladas en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.
Tras la reunión, Morán ha calificado la iniciativa de “engaño a los regantes”, y ha exigido a la Junta que desestime un planteamiento que genera falsas expectativas, rompe el consenso alcanzado en 2014 sobre el plan de regadíos en el entorno del parque nacional y representa además una seria amenaza para su integridad. El secretario de Estado ha explicado que el objetivo del Ministerio es garantizar el conjunto de actividades y usos del agua, desde los ambientales hasta los urbanos, pasando por los económicos, agrarios e industriales. “Y eso no puede quebrarse generando expectativas de puesta a disposición de más agua, porque ni la hay, ni la va a haber”, ha remarcado.
En ese sentido, Morán ha lamentado la posición tomada por el gobierno andaluz alentando una propuesta engañosa, sustentada en “derechos históricos” que no existen, y que tampoco concede derecho al agua. “Un derecho al agua sin agua no es nada. Solo humo” ha recalcado. “No hay posibilidad de poner ni un solo metro cúbico más de agua a disposición de nuevas actividades ni usos económicos en la cuenca del Guadalquivir”, ha añadido.
Defensa en foros internacionales
La propuesta, según ha explicado Morán, queda “al margen de la leal cooperación institucional”. En primer lugar, por no haber sido informada ni consensuada por las administraciones responsables de la gestión y el control del recurso agua, clave para la propuesta, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; no contar con los órganos y agentes implicados en el mantenimiento y conservación del Parque Nacional, como el Consejo de Participación de Doñana, cuya presidencia ostenta la propia Junta de Andalucía; o elaborarse al margen de los procesos de participación pública de la Planificación Hidrológica de la demarcación, condición imprescindible para asegurarse la garantía del recurso.
En este sentido, ha instado a la Junta a recuperar esa colaboración entre instituciones y ha garantizado que el Gobierno trasladará a los organismos internacionales que «no se va a desviar ni un milímetro del plan de 2014» de la corona forestal de Doñana y tampoco va a permitir que «se coloque en los mercados producciones no avaladas por concesiones legales de agua».
Llamada a la responsabilidad
Además, Morán advierte su sorpresa ante el procedimiento seguido para activar la proposición de Ley, en lugar de usar la vía de la tramitación mediante un proyecto de Ley, “con garantías jurídicas que obligan a quien toma la iniciativa a la consulta a organismos e instituciones, más allá de la participación pública, para su informe preceptivo y en algunos casos vinculantes, cuando en razones de su competencia, deben de participar en el proceso, como es el caso del Organismo de cuenca, competente en la puesta a disposición de dicho recurso”.
Acompañado en su intervención por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, Morán ha solicitado al ejecutivo andaluz que, “por responsabilidad, ejerza sus competencias y vete la tramitación de esta proposición de Ley para no someter al Parlamento a un debate estéril y trasladar al conjunto de la ciudadanía una conflictividad basada en expectativas irreales”.
Del mismo modo, ha animado a que la Junta de Andalucía se sume al mecanismo de cooperación institucional para el plan que la CHG viene aplicando en la zona en los últimos años continúe dando sus frutos en uno de los objetivos prioritarios de este Ejecutivo, la reversión del estado del Parque Nacional de Doñana.
“Remar en la misma dirección será el único modo de trasladar seguridad hacia afuera, en los compromisos que mantenemos a nivel internacional en materia ambiental y, hacia dentro, fundamentalmente con los sectores económicos, que en estos momentos ven en riesgo su fiabilidad en los mercados europeos”, ha sentenciado.
