Las CCAA han presentado un total de 180 enmiendas o proposiciones al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 del Ministerio de Sanidad, de las que solo han desestimado 20.
Estas mismas fuentes han indicado que «todas las CCAA», incluyendo también las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, han puesto sobre la mesa nuevas proposiciones a este borrador, que sugiere la prohibición de fumar en terrazas de hostelería y un incremento en el precio del tabaco, entre otras medidas.
Las enmiendas serán debatidas este miércoles en el marco de la Comisión de Salud Pública, después de que, el pasado 14 de marzo, cuando tuvo lugar la última reunión al respecto, las comunidades pidieran más tiempo para estudiar posibles alegaciones y nuevas evidencias científicas.
Además, las comunidades pidieron este plazo porque también se han incorporado recientemente doce directores generales nuevos para estudiar el tema y, además, ha quedado patente que el contenido del texto parte de evidencias sustentadas en informes de hace, al menos, dos años.
El plazo para presentar las enmiendas venció el pasado miércoles, 27 de marzo. Tras su valoración en la Comisión, el Plan se elevará a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tiene lugar este viernes.
La ministra «confía» en su aprobación
La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó, en declaraciones a los medios que tuvieron lugar el pasado día 21, que esperaba que las CCAA fueran «consecuentes» con la protección de la salud en la aprobación del Plan, «más allá del ruido y la crispación política». En este contexto, la ministra aseveró que hay «un amplio consenso» entre las sociedades científicas, la sociedad, y, también, «en todas las CCAA».
Este plan es una «prioridad» para el Ministerio de Sanidad, tal y como señaló recientemente el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Cuenta con la autoría no solamente de los equipos técnicos del Ministerio, sino también de los equipos que trabajan temas de tabaco en todas las comunidades autónomas, sociedades científicas y algún otro colectivo social.
Entre las medidas contempladas en el borrador, se encuentra incorporar nuevos espacios libres de humos (marquesinas y terrazas de hostelería), ofreciendo un reconocimiento especial de «protección en espacios sensibles» como son las zonas de juego infantil y su entorno, y el establecimiento de espacios al aire libre de protección reforzada. Además, hace una mención a espacios privados sin concretar cuáles son, con el objeto de proteger a niños, embarazadas y grupos de riesgo.
Cada comunidad tiene una postura
Algunas de las CCAA han hecho públicas sus enmiendas a este Plan, como es el caso de Aragón, que ha solicitado al Ministerio de Sanidad que incluya en el Plan los dispositivos electrónicos, con o sin nicotina, y el vapeo.
Además, para la directora general de Salud Pública de la comunidad, Nuria Gayán, es «fundamental» que el plan contenga más concreción y disponga de respaldo presupuestario para llevar a cabo las iniciativas propuestas.
Respecto a las referencias a los espacios sin humo aludidos en el Plan y en relación a la ampliación de los mismos, Aragón considera más adecuado apostar por la «voluntariedad».
Para ello, propone el establecimiento de medidas que incluyan distintos tipos de incentivos y beneficios fiscales, así como la creación y el otorgamiento de distintivos de espacios sin humo.
Otra de las comunidades que ha dado a conocer sus proposiciones es Castilla y León. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, avanzó el pasado miércoles que, dentro de las propuestas presentadas por la comunidad al Plan Integral contra el Tabaquismo, se reclama que el Ejecutivo defina de forma «clara» cuáles son las autoridades competentes en la inspección para el cumplimiento de este plan.
«Las autoridades competentes deben establecer claramente cuál es el ámbito de cada una de ellas, fundamentalmente en lo que tiene que ver la inspección, que quede claro qué administración y qué autoridad es la que corresponde a la inspección, que se regule claramente cuando se trata de hablar de intervención en ámbitos privados», explicó, a lo que añadió que el objetivo de la Junta es «disminuir, en la mejor medida de lo posible, la limitación de las libertades individuales». «Debe garantizarse el derecho a la salud con el derecho a la libertad individual», zanjó.
Por su parte, la Comunidad Valenciana, si bien se muestra de acuerdo con la necesidad de ampliar los espacios sin humo, solicita al Ministerio establecer el «compromiso» de que cualquier modificación se haga «bajo un mismo marco legal para todo el territorio nacional» y «procurando un adecuado consenso político para su aprobación».
Además, reclama mayor concreción en la regulación de los vapeadores y que el aumento del precio de los cigarrillos se vincule directamente a la financiación del Plan antitabaco.
También considera que es condición «necesaria e imprescindible» avanzar, concretar y regular muchas de las medidas que se plantean, «a través de una legislación que se obtenga con consenso político, y se aplique de forma homogénea en todo el territorio nacional».
Asimismo, han pedido acompañar el plan con una memoria económica que incluya el impacto presupuestario para cada comunidad y la línea de financiación establecida para el desarrollo y consecución de los objetivos establecidos.
En concreto, apuesta por medidas que «incentiven y motiven» la consecución del objetivo de ampliar los espacios sin humo, pero detecta «una falta clara de definición y concreción» en el Plan y recuerda que «el logro» obtenido con la regulación previa fue «fruto del importante consenso político y la regulación homogénea en todo el territorio nacional», por lo que pide que se mantengan estos condicionantes.
Además ve «necesario» evaluar el grado de cumplimento de la normativa vigente y propone alternativas para su cumplimento en espacios «especialmente sensibles», como son los centros sanitarios.
