El Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es el juez Manuel García Castellón –el mismo que ha imputado a los investigados en ‘Tsunami Democràtic’ por terrorismo–, es el encargado de tutelar en funciones de juez de garantías las comprobaciones que lleva a cabo la Fiscalía Europea antes de decidir si investiga indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a adjudicaciones públicas que se nutrieran de fondos europeos.
Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas, que señalan que la Fiscalía Europea analiza si pudiera haber indicios de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Una de las primeras acciones que ha debido supervisar el juzgado ha sido la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con determinados contratos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés por orden de la Fiscalía Europea.
La actuación de los agentes tuvo lugar después de que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesara por la causa y preguntara al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.
En un decreto del 26 de abril, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) pidió al juez Juan Carlos Peinado que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento «estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley», integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estima pertinente, por lo que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.
La figura del juez de garantías nace por aplicación del reglamento europeo relativo a la Fiscalía Europea. Le corresponde autorizar las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales, acordar medidas cautelares personales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial, asegurar la fuente de prueba personal ante el riesgo de pérdida de la misma, autorizar el secreto de la investigación, acordar la apertura del juicio oral o disponer el sobreseimiento y resolver las impugnaciones contra los decretos del fiscal europeo delegado, entre otras atribuciones.
Cabe destacar que, desde marzo, este mismo magistrado ha sido designado juez de garantías en la investigación que abrió la Fiscalía Europea sobre los contratos firmados –durante la primera etapa de la pandemia– por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de las Islas Baleares con la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, para el suministro de mascarillas.
El juez Peinado
El juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha asegurado que «no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida» que haya anunciado la citación como investigada de la esposa de Pedro Sánchez en plena campaña electoral.
En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid responde a la afirmación del presidente del Gobierno, que en su carta a la ciudadanía señaló que existe una «norma no escrita» consistente en no dictar resoluciones «susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral», en alusión a la providencia por la que acordó la citación de Gómez para el próximo 5 de julio.
«La costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos, en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación, como se ha dicho, en caso de ausencia de ley», asegura el juez Peinado en esta nueva resolución, en la que incide en que nada le impide «continuar el impulso de cualquier instrucción en curso».
El Gobierno responde
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado al juez que investiga a Begoña Gómez de pasarse «por el arco del triunfo» dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto el artículo 245.1 y 248.1, como contestación a la última providencia emitida por Juan Carlos Peinado en la que responde a la carta de Pedro Sánchez asegurando que «no hay precepto alguno» que impida citar a Gómez en plena campaña electoral.
«Pasándose por el arco del triunfo el art 245.1 y 248.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Quién da más?», ha manifestado Puente en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.
En la publicación de redes sociales, el ministro ha incluido además dos fotografías de los artículos citados en los que se explica que la fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se acuerden, la firma o rúbrica del Juez o Presidente y la firma del Secretario.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha preferido no pronunciarse al respecto al ser preguntado en la caseta del PSOE en las fiestas de Aluche (Madrid). «Nunca opino sobre las resoluciones judiciales y, en algunos casos, tampoco es necesario», ha manifestado ante los medios.
El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha asegurado que «no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida» que haya anunciado la citación como investigada de la esposa de Pedro Sánchez en plena campaña electoral.
En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid responde a la afirmación del presidente del Gobierno, que en su carta a la ciudadanía señaló que existe una «norma no escrita» consistente en no dictar resoluciones «susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral», en alusión a la providencia por la que acordó la citación de Gómez para el próximo 5 de julio.
