La organizaciones sindicales del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía CSIF, UGT, CCOO, ISA Y USTEA han logrado, gracias a la presión ejercida a través de sus movilizaciones, que la Administración que dirige Juanma Moreno rectifique y cambie el criterio para aplicar la Ley de reducción de la temporalidad, de manera que deje de producirse el cese indiscriminado de empleadas y empleados públicos.
La Administración ha trasladado a los sindicatos un planteamiento en el que da marcha atrás a la forma en la que venía procediendo en relación a la resolución de los procesos de estabilización/consolidación de las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2019.
En concreto, en aquellos puestos con más de una persona temporal o interina, la Junta ha venido cesando al personal laboral temporal y al personal funcionario interino con más antigüedad en la Administración, contraviniendo la instrucción consensuada con las organizaciones sindicales, por la que se regulan los ceses de este personal y aplicando retroactivamente la Ley de reducción de la temporalidad con un doble fin.
Por un lado, la Junta pretendía no tener que convocar nuevamente dichas plazas en una nueva oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022; y por otro, buscaba ahorrarse las indemnizaciones que le corresponderían al personal que cese tras la entrada en vigor de la Ley de temporalidad del 29 de diciembre de 2021.
Dicha forma de actuar por parte de la Junta condenaba a la exclusión laboral a personal con más de 50 años y con una larga experiencia laboral y tiempo de servicio en la Administración, tal y como denunciaron los sindicatos representativos en este ámbito.
La Administración ha anunciado que a partir de ahora volverá a cumplir la instrucción consensuada por las organizaciones sindicales, que establecía en estos casos el cese para el personal con menos tiempo de servicio.
Dicho anuncio ha sido acogido con satisfacción por parte de las organizaciones sindicales, que han decidido desactivar las movilizaciones que venían desarrollando.
En relación a unos procesos reales de estabilización, la Administración autonómica se ha comprometido a que la oferta de estabilización que queda por convocar antes del 1 de junio se lleve a cabo con una bases mejoradas, negociadas y consensuadas con los legítimos representantes de los trabajadores.
USTEA mantiene sus exigencias en Educación ante el nuevo consejero
La responsable de acción sindical de USTEA, Olga Solano Crespo, ha señalado al nuevo Consejero que la situación de la Educación Pública andaluza ha sufrido un importante menoscabo en esta legislatura. Las carencias que se venían arrastrando desde hace años se han agravado con la llegada a la Junta del actual gobierno.
La representante de USTEA ha denunciado que, en lo que va de legislatura, se han cerrado 1.181 clases en los centros educativos públicos y se esperan nuevas supresiones para el próximo curso. Mientras tanto, y a pesar del descenso de la natalidad y de la versión de la Consejería, las aulas del sistema educativo público continúan masificadas.
Esto supone una enorme traba para proporcionar una atención individualizada al alumnado, particularmente a quienes más dificultades tienen.
Es por ello que USTEA ha impulsado una ILP para modificar la Ley de Educación de Andalucía e implantar una bajada generalizada de la ratio, en todos los niveles educativos, y en particular en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Se ha hecho entrega al Consejero de una lata de sardinas simbólica, como metáfora de la situación de masificación que se vive en las aulas andaluzas.
Otra de las cuestiones que se ha planteado al nuevo Consejero de Educación es la urgente necesidad de acometer la mejora de las retribuciones docentes. Se trata de una demanda histórica del profesorado andaluz que está entre los peor remunerados de todo el Estado.
La retribución del profesorado en Andalucía está en torno a los 200 euros menos que la media estatal y es más de 400 euros inferior al de la comunidad autónoma con mejores salarios. Además, hay que tener en cuenta que aún está pendiente la devolución de las pagas extras de 2013 y 2014.
Después de años de espera, las negociaciones para la homologación salarial se iniciaron hace casi un año, en abril del año pasado, pero la Consejería de Educación las abandonó unilateralmente a mediados de noviembre. Estas negociaciones se retomaron a finales de febrero, pero aún no se ha producido ningún avance en este sentido.
USTEA ha mostrado su gran malestar, señalando que el gobierno de la Junta aumentó hace meses la remuneración del servicio de inspección educativa y, como se anunció, ha llegado rápidamente a un acuerdo de aumento salarial con el sector sanitario, mientras el profesorado sigue esperando que se atienda a sus demandas en este sentido.
El Consejero se ha comprometido a solucionar esta cuestión, en la que USTEA espera que se avance en la Mesa Sectorial que se celebrará este viernes.
En relación con las condiciones laborales del profesorado, el otro gran asunto que USTEA ha expuesto al Consejero ha sido la estabilización del personal interino.
El lunes se conoció la exigua oferta de plazas para los procesos de estabilización inminentes que USTEA entiende que debe ser revisada, pues las 4.831 plazas ofertadas no suponen ni una cuarta parte de los 20.455 interinos e interinas que actualmente trabajan en Andalucía.
Para USTEA, los procesos de estabilización, tal y como están planteados en este momento, ni dan respuesta al personal interino ni a las personas aspirantes.
Otra de las cuestiones que USTEA ha puesto sobre la mesa en este primer encuentro con el Consejero Cardenete ha sido la necesidad de aumentar la inversión en infraestructuras y la urgente aplicación de la Ley de Bioclimatización de centros educativos, aprobada hace ya dos años y que continúa sin desarrollo presupuestario y sin ser puesta en práctica.
USTEA hace un balance negativo de la gestión de la Consejería de Educación del actual gobierno de la Junta que ha estado caracterizada por la extensión de la enseñanza privada y concertada en todo los niveles educativos, desde la Educación Infantil a la Universidad y la externalización de servicios.
El nuevo Consejero de Educación ha heredado el equipo completo del anterior responsable, no tiene ningún vínculo en absoluto con la Educación Pública y, hasta su entrada en política, desempeñaba cargos de gestión en la Universidad Loyola Andalucía, un centro universitario privado.
Con estos precedentes y teniendo en cuenta que el Gobierno de la Junta no ha cambiado, el continuismo en la composición del equipo de la Consejería de Educación y la propia trayectoria de Manuel Alejandro Cardenete, USTEA no alberga demasiadas esperanzas en que se vaya a producir un viraje en la política educativa en Andalucía, por lo mantiene vigentes sus reivindicaciones y líneas de trabajo con el objetivo de que este cambio se produzca.
